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    Complemento por hijo en pensiones: ¿por qué sigue sin reformarse y qué implica para hombres y mujeres?

    adminBy admin20 de junio de 2026No hay comentarios4 Mins Read
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    El complemento por hijo en las pensiones sigue sin reformarse más de un año después de una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Europa lo calificó de nuevo como discriminatorio por imponer requisitos distintos a hombres y mujeres. Esta inacción genera incertidumbre jurídica, tensiones presupuestarias y riesgos de reclamaciones masivas.

    ¿Por qué el complemento por hijo sigue siendo considerado discriminatorio?

    El TJUE emitió su segunda condena el 15 de mayo de 2025. Reafirmó que exigir condiciones adicionales a los hombres —como haber cotizado más tiempo o haber asumido la custodia exclusiva— viola el principio de igualdad de trato en materia de seguridad social.

    El Tribunal Supremo español respaldó esta postura dos meses después. Obligó al Gobierno a aplicar las mismas condiciones a madres y padres. Sin embargo, el Real Decreto 12/2021 no se ha modificado.

    El diseño original ya era problemático

    El primer complemento, creado en 2016 por el Gobierno del PP, era exclusivo para mujeres con dos o más hijos. Tras el primer fallo europeo en 2019, se amplió en 2021 para incluir a hombres. Pero se mantuvieron barreras: por ejemplo, los padres debían acreditar custodia efectiva o haber interrumpido su carrera laboral.

    ¿Qué ha cambiado en la práctica desde la sentencia de 2025?

    Los datos oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) revelan un cambio radical: los hombres que cobran el complemento se han triplicado en 12 meses. Pasaron de 12.400 a más de 37.000 beneficiarios.

    Esto no refleja una mayor equidad, sino una oleada de reclamaciones administrativas y judiciales. Muchos padres están obteniendo el plus mediante recursos, aprovechando la doctrina del Supremo.

    El impacto económico es creciente

    Cada beneficiario recibe 35,9 euros mensuales por hijo. Con más de 37.000 hombres ahora incluidos —y miles más en trámite— el coste anual supera los 16 millones de euros. Y sigue subiendo.

    El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha actualizado sus previsiones de gasto. Tampoco ha presentado un anteproyecto de ley para armonizar el régimen.

    ¿Qué dice la ley actual sobre el complemento por hijo?

    El marco legal sigue siendo el Real Decreto 12/2021, que regula el complemento de maternidad y paternidad. Pero su articulado choca con:

    • La Directiva 79/7/CEE, que prohíbe la discriminación por sexo en seguridad social.
    • La Sentencia C-290/23 del TJUE, de mayo de 2025.
    • La STS 1123/2025, del Tribunal Supremo, que exige igualdad sustancial.

    La incoherencia legal ya ha generado más de 4.200 recursos contenciosos en 2026, según el Consejo General del Poder Judicial.

    ¿Qué pasa con las mujeres?

    Las mujeres siguen siendo el 82 % de los beneficiarios totales. Pero su ventaja relativa se ha erosionado. Muchas reclaman ahora que se amplíe el complemento —por ejemplo, a madres solteras sin custodia exclusiva— para evitar una nueva brecha inversa.

    ¿Cuál es el escenario futuro inmediato?

    No hay señales de reforma legislativa antes de las elecciones generales de 2027. El Gobierno prioriza la reforma de las pensiones mínimas y la sostenibilidad del sistema. El complemento por hijo queda en segundo plano, pese a su alto riesgo de inconstitucionalidad.

    Datos Clave

    • El complemento por hijo paga 35,9 €/mes por cada descendiente.
    • Desde mayo de 2025, los hombres que lo cobran se triplicaron: de 12.400 a +37.000.
    • El TJUE lo declaró discriminatorio por segunda vez, en mayo de 2025.
    • El Tribunal Supremo exige igualdad sustancial en los requisitos para madres y padres.
    • Más de 4.200 recursos judiciales se presentaron en 2026 por este concepto.

    El retraso en la reforma no solo vulnera el derecho comunitario. También desgasta la credibilidad del sistema de protección social. Mientras tanto, los tribunales siguen imponiendo soluciones casuísticas. Y el coste real del plus —y su justicia— sigue sin definirse.

    derecho comunitario igualdad de género pensiones seguridad social tjue
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