El juez Juan Carlos Peinado descartó formalmente investigar a Begoña Gómez en la nueva pieza separada del caso que involucra a Juan Carlos Barrabés y contratos públicos financiados con fondos Feder. La resolución, emitida el 19 de junio de 2026, aclara que solo se investiga al empresario aragonés por prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. Esto evita una derivación automática de responsabilidad a terceros sin indicios suficientes.
¿Por qué rectificó el juez Peinado su primera resolución?
La primera providencia generó confusión al incluir en su encabezamiento a Begoña Gómez y Cristina Álvarez, aunque no los nombrara como investigados. El juez actuó con rapidez para evitar interpretaciones erróneas. Su rectificación responde a un estricto cumplimiento del principio de legalidad procesal, que exige que toda imputación se base en hechos concretos y pruebas documentales.
El rol de la Fiscalía Europea en la apertura de la pieza
La Fiscalía Europea aportó documentación sobre un contrato de Red.es adjudicado a una UTE integrada por Innova Next (empresa del grupo Barrabés) y KPMG. Ese expediente forma parte del programa Acelera Pyme, financiado con fondos Feder. La Fiscalía detectó irregularidades en la tramitación y en la asignación de fondos, lo que activó su competencia directa.
¿Qué delitos se investigan ahora y contra quién?
La nueva pieza se limita a dos figuras penales: prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. Ambas se atribuyen exclusivamente a Juan Carlos Barrabés, no a funcionarios ni cargos públicos vinculados. El juez no ha abierto indicios contra Begoña Gómez ni contra Cristina Álvarez en este ámbito.
¿Qué diferencia esta pieza del procedimiento principal?
El procedimiento principal sigue su curso independiente. Allí sí se mantiene la investigación contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Esa causa está pendiente de la decisión del juez sobre la apertura de juicio oral ante tribunal popular, tras la audiencia preliminar en Plaza de Castilla.
¿Cuál es el impacto económico y legal de esta rectificación?
La claridad judicial evita daños reputacionales injustificados y protege el derecho a la presunción de inocencia. Desde el punto de vista económico, los fondos Feder involucrados en Acelera Pyme superan los 12 millones de euros. Cualquier irregularidad detectada podría derivar en la exigencia de devolución de fondos y sanciones administrativas a las empresas beneficiarias.
Marco normativo aplicable
La investigación se sustenta en el Reglamento (UE) 2017/1939, que creó la Fiscalía Europea, y en el Código Penal español, especialmente en los artículos 404 (fraude a la UE) y 405 (prevaricación). También aplica la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que regula la transparencia y el control en contratos financiados con fondos europeos.
¿Qué significa esto para la transparencia institucional?
Esta rectificación refuerza la necesidad de separación clara entre piezas procesales, incluso cuando los hechos parecen entrelazados. Evita la estigmatización por asociación y exige que cada acusación se sustente con pruebas específicas. En el contexto actual, donde la confianza ciudadana en las instituciones es crítica, cada decisión judicial transparente fortalece la credibilidad del sistema.
Datos Clave
- La nueva pieza investiga exclusivamente a Juan Carlos Barrabés, no a Begoña Gómez.
- Se centra en un contrato de Red.es bajo el programa Acelera Pyme, financiado con fondos Feder.
- Los delitos imputados son prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea.
- La Fiscalía Europea intervino por su competencia directa en fraudes con fondos comunitarios.
- El procedimiento principal sigue abierto y no se ve afectado por esta rectificación.
- La decisión judicial refuerza el principio de legalidad procesal y la presunción de inocencia.
