El interrogatorio de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional ha puesto en el centro del debate jurídico y ético la validez de los encargos verbales en actividades de consultoría de alto nivel. El caso Plus Ultra revela lagunas operativas, riesgos fiscales y tensiones entre práctica política y exigencias legales. La ausencia de contratos escritos, facturas o intercambios documentales no es una excepción: es un patrón que activa alertas en la Agencia Tributaria, la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General Tributaria.
¿Qué dice la ley sobre los encargos verbales en consultoría?
Los acuerdos verbales tienen validez en España bajo el Código Civil. Pero su prueba es el problema. Sin documentos, correos o registros, el juez no puede verificar la existencia, alcance o contraprestación del servicio.
La carga de la prueba recae en quien alega
El artículo 1216 del Código Civil establece que quien invoca un hecho debe probarlo. Zapatero afirmó que sus trabajos para Análisis Relevante eran de geoestrategia general. Calama exigió pruebas objetivas: fechas, entregables, destinatarios, pagos. Sin ellas, el encargo verbal se vuelve jurídicamente frágil.
La Agencia Tributaria no acepta la oralidad como sustituto de la contabilidad
La Ley General Tributaria exige facturación y registro de ingresos, incluso para servicios profesionales. La falta de factura no exime del deber de declarar. El juez recordó: «Desgraciadamente existe también la Agencia Tributaria». Una frase que resume el riesgo fiscal: sanciones por infracción grave, recargos e incluso delito contra la Hacienda Pública si se acredita ocultación intencionada.
¿Por qué los encargos verbales son un riesgo económico real?
Un encargo verbal no protege al consultor ni al cliente. Genera incertidumbre sobre el alcance del servicio, plazos, responsabilidades y pagos. En el caso Plus Ultra, el valor económico declarado por Zapatero fue de 1,2 millones de euros. Sin contrato, no hay base para justificar la proporcionalidad del honorario frente a la actividad real.
El impacto en la reputación profesional es inmediato
La percepción pública de un expresidente que opera sin rastro documental afecta la confianza en el sector de consultoría estratégica. Empresas, fondos y gobiernos exigen trazabilidad. La ausencia de documentos no es neutral: es un indicador de opacidad.
Las aseguradoras rechazan coberturas sin contrato escrito
Las pólizas de responsabilidad profesional exigen prueba de la relación contractual. Sin contrato, no hay cobertura ante reclamaciones por errores, retrasos o incumplimientos. Eso multiplica el riesgo personal del consultor.
¿Qué exige la jurisprudencia actual sobre servicios profesionales no escritos?
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reiterado que la prueba pericial y los indicios concordantes pueden sustituir al documento escrito. Pero solo si hay coherencia entre testimonios, registros bancarios, agendas, correos o declaraciones cruzadas.
El juez Calama aplicó el principio de «indicios suficientes»
No descartó la existencia del servicio. Pero sí cuestionó su naturaleza, finalidad y transparencia. Su enfoque refleja la doctrina actual: la oralidad no invalida, pero sí obliga a una carga probatoria mucho más exigente.
¿Cómo se alinea este caso con el marco ético y de gobernanza actual?
La Ley de Transparencia, la Ley de Prevención del Blanqueo y las directrices de la CNMC exigen trazabilidad en relaciones con cargos públicos. Zapatero actuó como exmandatario, no como ciudadano común. Eso activa estándares superiores de rendición de cuentas.
Datos Clave
- El juez Calama identificó cero contratos escritos, cero facturas y cero correos electrónicos vinculados a los servicios prestados.
- La Agencia Tributaria puede exigir declaración complementaria y aplicar recargos del 50 % si se acredita ocultación.
- La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige indicios objetivos para validar servicios verbales: pagos bancarios, testigos, agendas o entregables físicos.
- La Ley de Transparencia obliga a publicidad de contratos con entidades públicas o con influencia en políticas públicas.
- El Código Deontológico de Consultores Estratégicos recomienda registro obligatorio de encargos superiores a 50.000 €.
La tensión en la sala no fue personal. Fue estructural: entre una práctica política arraigada y un sistema legal que exige trazabilidad, transparencia y responsabilidad objetiva. El caso no se resuelve con intenciones, sino con documentos. Y eso, hoy, es una exigencia legal —no una opción profesional.
