La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) rechazó aplicar medidas cautelares contra la declaración de proyecto de interés estratégico (PIER) para la instalación de Costco en el macropolígono industrial de Bobes, en Siero. Esta decisión no frena el proyecto, pero sí deja pendiente la resolución definitiva del recurso principal. El fallo refuerza la viabilidad legal inmediata del híper y acelera los trámites previos a su construcción.
¿Por qué el TSJA rechazó la suspensión cautelar?
El auto del TSJA señala que no existe un perjuicio claro y actual, requisito esencial para adoptar medidas cautelares. La Unión de Comerciantes de Asturias argumentó daños irreparables para el pequeño comercio local. Sin embargo, el tribunal subrayó que el acuerdo del Consejo de Gobierno —que declaró el proyecto como PIER— no tiene efecto inmediato ni vinculante sobre la ejecución física del centro comercial.
El proyecto aún depende de otros trámites
La viabilidad real del híper está condicionada a la conclusión de procedimientos posteriores: licencias urbanísticas, evaluaciones ambientales y autorizaciones sectoriales. Ninguno de estos pasos ha concluido. Por eso, el TSJA considera prematuro atribuir perjuicios concretos al sector comercial.
¿Qué impacto económico tiene Costco en Siero?
La llegada de Costco representa una inversión privada de más de 120 millones de euros, según fuentes oficiales del Gobierno del Principado. Se estima la creación de 350 empleos directos y hasta 1.200 puestos indirectos, incluyendo logística, mantenimiento y proveeduría local. Esto supone un impulso clave para la economía del área metropolitana de Asturias, especialmente tras años de estancamiento en la creación de empleo estable en el sector servicios.
El efecto multiplicador en la cadena de valor
Costco exige altos estándares de calidad y trazabilidad. Esto puede incentivar la modernización de PYMEs agroalimentarias asturianas, facilitando su acceso a mercados internacionales. Además, la infraestructura logística asociada —como plataformas de distribución y centros de transporte— podría reactivar zonas industriales subutilizadas en el entorno de Siero y Noreña.
¿Qué dice la normativa sobre proyectos de interés estratégico?
El régimen de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) se rige por el Decreto 10/2022 del Principado de Asturias. Permite agilizar trámites administrativos para inversiones que superen los 50 millones de euros y generen más de 200 empleos. Su objetivo es reducir plazos sin eliminar controles: la evaluación ambiental, la participación ciudadana y las condiciones urbanísticas siguen siendo obligatorias.
La función del PIER no es eximir, sino coordinar
El PIER no sustituye ni anula competencias municipales ni autonómicas. Al contrario: obliga a una coordinación interadministrativa reforzada. En este caso, el Ayuntamiento de Siero conserva potestad sobre la licencia de obras, mientras que la Dirección General de Comercio evalúa el cumplimiento de la Ley 13/2019 de Comercio.
¿Qué sigue ahora para el proyecto Costco?
El recurso contencioso-administrativo contra la declaración PIER sigue en tramitación. La sentencia definitiva podría tardar entre 12 y 18 meses. Mientras tanto, Costco puede avanzar en los estudios técnicos, presentar solicitudes de licencias y negociar con proveedores locales. El alcalde de Siero, Ángel García ‘Cepi’, ha calificado la resolución como “un respaldo institucional al desarrollo sostenible del territorio”.
Datos Clave
- El TSJA denegó la medida cautelar por ausencia de perjuicio actual y cierto.
- El proyecto requiere al menos tres procedimientos adicionales: licencia municipal, evaluación ambiental y autorización comercial.
- Se prevé una inversión de 120 millones de euros y 350 empleos directos.
- El régimen PIER acorta plazos, pero no elimina controles legales ni participación pública.
- La sentencia definitiva sobre la validez del PIER podría emitirse en 2027.
El caso Costco en Siero refleja una tensión estructural en la política territorial: equilibrar la atracción de inversión privada con la protección del tejido comercial local. Desde el punto de vista económico, el proyecto apunta a dinamizar una comarca con tasas de paro superiores a la media regional. Desde el marco legal, confirma que los instrumentos de agilización administrativa deben operar dentro de los límites del Estado de Derecho. Su evolución será observada como precedente en otras regiones que buscan revitalizar polígonos industriales obsoletos mediante grandes inversiones extranjeras.