Alberto Núñez Feijóo reactivó formalmente la moción de censura contra Pedro Sánchez en junio de 2026. Lo hizo con un doble objetivo: forzar elecciones generales y exponer la fragilidad del Gobierno ante la falta de apoyos estables. La iniciativa no es nueva, pero su reiteración revela una estrategia de presión política en un escenario de bloqueo presupuestario y desgaste institucional.
¿Por qué Feijóo insiste con la moción de censura en 2026?
La propuesta no surge en vacío. Surge tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias y tras declaraciones públicas de Junts y el PNV pidiendo elecciones anticipadas. Feijóo interpreta esas demandas como una señal de que los socios de Sánchez ya no confían en su capacidad de gobernar. Para él, no hay coherencia entre hablar de adelanto electoral y seguir apoyando al Gobierno.
El cálculo numérico sigue siendo insalvable
Feijóo necesita 176 votos para prosperar. El PP suma 137 escaños. Ni Junts (7), ni el PNV (6), ni Vox (33) han confirmado su respaldo. El PNV, de hecho, ha pospuesto su decisión hasta otoño. Esa falta de certeza convierte la moción en un gesto político más que en una vía realista de cambio de Gobierno.
¿Qué dice la Constitución sobre la moción de censura?
El artículo 113 de la Constitución Española exige que la moción incluya un candidato a la Presidencia del Gobierno. No basta con derrocar a Sánchez: hay que proponer una alternativa viable. Feijóo lo hizo, pero su candidatura carece de respaldo parlamentario suficiente. Además, la moción no puede debatirse antes de cinco días desde su presentación, y requiere mayoría absoluta en segunda votación.
El precedente de 2018 marca un límite
La moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy fue exitosa porque contó con el apoyo de Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís, PDeCAT y Nueva Canarias. En 2026, esa coalición no existe. Ni siquiera hay acuerdos mínimos entre los partidos que critican al Gobierno. Esa dispersión es su mayor obstáculo.
¿Cuál es el impacto económico de este bloqueo político?
El estancamiento en los Presupuestos Generales del Estado tiene consecuencias reales. Sin cuentas aprobadas, el Gobierno no puede ejecutar inversiones públicas, retrasa pagos a proveedores y frena programas de empleo y transición energética. El Banco de España advirtió en mayo de 2026 que la incertidumbre fiscal reduce la inversión privada un 0,4% anual. Además, la prima de riesgo española subió 12 puntos básicos tras el anuncio de Feijóo.
El marco legal limita las maniobras dilatorias
La Ley General Presupuestaria obliga a aprobar los Presupuestos antes del 1 de enero. Si no se logra, rige la prórroga automática del año anterior. Pero esa prórroga no permite nuevas iniciativas de gasto ni reformas fiscales. El Gobierno queda en modo de supervivencia administrativa, no de impulso político.
¿Qué datos clave definen esta situación?
- La moción de censura requiere 176 votos: el PP tiene 137, Vox 33, Junts 7 y el PNV 6.
- Ningún partido nacionalista ha firmado apoyo explícito a la moción de Feijóo.
- El PNV pospuso su ultimátum hasta la negociación presupuestaria de otoño de 2026.
- La prórroga presupuestaria impide nuevas inversiones públicas y reformas tributarias.
- La prima de riesgo española subió 12 puntos básicos tras el anuncio de Feijóo.
El escenario actual no es de inminente cambio de Gobierno, sino de presión institucional creciente. Feijóo no busca ganar la moción hoy. Busca erosionar la legitimidad de Sánchez ante la opinión pública y forzar una salida electoral antes de que el bloqueo se convierta en parálisis crónica. Su estrategia apuesta a que la paciencia ciudadana se agote antes que los cálculos parlamentarios.
