La actual legislatura en España ha sido apodada por algunos como la ‘legislatura de la vivienda’, reflejando la creciente preocupación de la ciudadanía por el acceso a la vivienda. Las manifestaciones en las calles, impulsadas por la dificultad de acceder a alquileres y la compra de inmuebles, han puesto este tema en el centro del debate político. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, lo que ha llevado a que en el Congreso se acumulen hasta seis iniciativas legislativas destinadas a abordar esta crisis. Sin embargo, la falta de consenso y los vetos cruzados entre los socios del Gobierno han mantenido estas propuestas en un estado de parálisis.
La situación actual es el resultado de una compleja aritmética parlamentaria. En la legislatura anterior, la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el exministro de Transporte y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, llevaron a cabo arduas negociaciones para aprobar la Ley de Vivienda. Sin embargo, los aliados del PSOE, como el PNV y Junts, presentan diferencias ideológicas que dificultan la búsqueda de soluciones efectivas. En los últimos dos años, el bloque de la investidura solo ha logrado llegar a acuerdos en dos ocasiones en relación con la vivienda. La primera fue en diciembre del año pasado, cuando se aceptó a trámite una norma que busca regular los alquileres temporales y otorgar a los inquilinos derechos similares a los de los contratos de vivienda habitual. Sin embargo, esta propuesta se encuentra estancada desde mayo debido a una treintena de enmiendas presentadas por el PSOE, Junts y el PNV.
La segunda ocasión en que se alcanzó un consenso fue más reciente, cuando el bloque de la investidura aceptó debatir una proposición de ley presentada por EH Bildu. Esta ley obligaría a las plataformas digitales, como Airbnb y Booking, a solicitar a los anunciantes el número de registro y licencia correspondiente a la Vivienda de Uso Turístico. Esta medida busca evitar que miles de pisos se desvíen de manera ilegal al mercado turístico. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez anunció la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística, que tiene como objetivo elaborar un atlas de intensidad turística.
A pesar de estos pocos consensos, el Congreso alberga otras cuatro proposiciones de ley que aún no han sido llevadas a debate. Entre ellas, destaca la propuesta del PSOE presentada en mayo, que planteaba la creación de un nuevo impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para extranjeros no residentes que compren casas en España. También se proponían desgravaciones fiscales de hasta el 100% del alquiler para los propietarios que fijaran precios por debajo del mercado. Sin embargo, esta iniciativa fue rápidamente desestimada, ya que Sumar y Podemos anunciaron que no respaldarían su tramitación.
Las propuestas de Sumar y Podemos también han quedado en el aire. Sumar había registrado una norma para reformar la Ley de Vivienda, prohibiendo a las personas jurídicas adquirir inmuebles de carácter residencial. Por su parte, Podemos propuso elevar de 5 a 10 años la duración mínima de los contratos de alquiler, así como congelar los precios de los alquileres durante toda la legislatura. Sin embargo, estas iniciativas no han sido debatidas, lo que refleja la falta de consenso entre los socios de investidura.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más colaborativo y menos polarizado en el ámbito político. La crisis de la vivienda no solo afecta a los inquilinos y compradores, sino que también tiene repercusiones en la economía en general. La falta de vivienda asequible puede llevar a un aumento en la desigualdad social y a una mayor presión sobre los servicios públicos. Por lo tanto, es crucial que los partidos políticos encuentren un terreno común para abordar esta problemática de manera efectiva.
La falta de acción legislativa en este ámbito ha llevado a un aumento de la frustración entre la ciudadanía, que espera soluciones concretas y efectivas. Las manifestaciones y protestas son un reflejo de esta insatisfacción, y es fundamental que los líderes políticos escuchen las demandas de la población. La vivienda debe ser considerada un derecho fundamental, y es responsabilidad del Gobierno garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un hogar digno.
En este contexto, la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística es un paso positivo, pero no suficiente. Se requieren medidas más amplias y efectivas que aborden las causas subyacentes de la crisis de la vivienda. Esto incluye la regulación del mercado de alquiler, la promoción de la construcción de vivienda asequible y la protección de los derechos de los inquilinos. Solo a través de un enfoque integral se podrá lograr un avance significativo en la resolución de esta crisis que afecta a millones de españoles.
