La Intervención General del Estado (IGAE) ha emitido un informe que ha captado la atención de la Fiscalía Europea, revelando irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés. Este informe, que ha sido enviado al juez Juan Carlos Peinado, destaca que las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, no solo carecían de valor vinculante, sino que también alteraron la evaluación de las ofertas presentadas, favoreciendo a ciertos licitadores en detrimento de otros.
La investigación se centra en contratos que fueron financiados con fondos europeos y que fueron adjudicados a la UTE Innova Next S.L.U., una empresa vinculada a Barrabés. El informe de la IGAE señala que las cartas de apoyo emitidas por Gómez y otros no cumplían con los requisitos necesarios para influir en la puntuación de las ofertas, lo que podría constituir un fraude de ley. La IGAE ha indicado que la Mesa de Contratación de Red.es, el organismo encargado de la evaluación, no tenía la competencia adecuada para llevar a cabo dicha valoración, lo que pone en entredicho la transparencia del proceso.
### Irregularidades en la Valoración de Ofertas
Uno de los puntos más críticos del informe es la discrepancia entre los criterios de evaluación establecidos y la realidad de su aplicación. Según la IGAE, los pliegos de condiciones especificaban que los criterios subjetivos debían tener un peso del 40% en la puntuación total, mientras que los criterios cuantificables debían representar el 60%. Sin embargo, el informe concluye que esta distribución no se reflejó en la valoración final, lo que sugiere que se manipuló el proceso para beneficiar a ciertos licitadores.
Además, el informe menciona que algunos documentos previos a la adjudicación carecían de firma y que sus metadatos habían sido borrados, lo que dificulta la verificación de su autenticidad. Esta falta de transparencia ha llevado a la IGAE a cuestionar la integridad de los informes técnicos que supuestamente respaldaban las decisiones de la Mesa de Contratación. En uno de los casos, se encontró una anotación que sugiere que un evaluador recibió instrucciones para disminuir la puntuación de un licitador, lo que añade una capa adicional de sospecha sobre la imparcialidad del proceso.
La IGAE ha advertido que estas irregularidades no solo afectan a la adjudicación de contratos específicos, sino que también podrían tener implicaciones más amplias en la gestión de fondos europeos en España. La falta de un comité de expertos para evaluar los criterios subjetivos, como se había estipulado, plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema para garantizar una competencia justa y transparente en la contratación pública.
### Implicaciones Legales y Políticas
La situación ha llevado a la Fiscalía Europea a abrir una investigación paralela a la causa que lleva el juez Peinado, centrada en los delitos de tráfico de influencias y corrupción. Este caso ha puesto de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación pública en España, especialmente en lo que respecta a la utilización de fondos europeos.
La implicación de figuras políticas de alto nivel, como Begoña Gómez, ha generado un intenso debate sobre la ética en la administración pública y la necesidad de establecer mecanismos más robustos para prevenir el abuso de poder. La presión sobre el Gobierno para abordar estas cuestiones es cada vez mayor, y se espera que se tomen medidas para restaurar la confianza en las instituciones públicas.
El juez Peinado ha cedido parte de la causa a la Fiscalía Europea, lo que indica que las autoridades están tomando en serio las acusaciones de irregularidades. La investigación se centra en dos expedientes específicos: uno relacionado con la formación de empleo juvenil en la economía digital y otro sobre servicios de formación para personas desempleadas. Ambos contratos han sido objeto de escrutinio debido a su financiación con fondos europeos, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la situación.
A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre las prácticas de contratación en el sector público y se tomen decisiones que podrían tener un impacto significativo en la política española. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y que se mantenga la confianza del público en las instituciones gubernamentales.
