La reciente decisión de RTVE de retirar a España del festival de Eurovisión si Israel participa ha generado un intenso debate político en el país. Esta medida, impulsada por el presidente de la corporación, José Pablo López, fue aprobada por la mayoría del Consejo de Administración, lo que ha puesto de manifiesto las crecientes tensiones entre los diferentes partidos políticos y su influencia en la radiotelevisión pública. En este contexto, la abstención del consejero de Junts, Miquel Calçada, conocido como Mikimoto, ha sido un punto focal de discusión.
La votación en el Consejo de Administración de RTVE mostró una clara división entre los partidos. Diez de los quince consejeros apoyaron la propuesta, incluyendo a los representantes del PSOE, Sumar, ERC, Podemos y PNV. Sin embargo, los cuatro consejeros propuestos por el PP se opusieron a la medida, argumentando que RTVE debería mantener una postura neutral y no convertirse en un instrumento de la política exterior del Gobierno. La abstención de Mikimoto, que se mantuvo al margen del debate, refleja no solo su postura personal, sino también la complejidad de las relaciones entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez.
Desde Junts, se ha expresado una clara oposición a cualquier iniciativa que pueda polarizar aún más el conflicto en torno a la situación de Israel y Palestina. Fuentes del partido han señalado que no desean participar en acciones que busquen réditos electorales o que utilicen el conflicto para fines políticos. Esta postura se ha visto reforzada por el malestar creciente dentro de Junts, que ha llevado a sus líderes a considerar la posibilidad de un boicot parlamentario al Gobierno si no se cumplen los acuerdos previamente establecidos, como el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña y la oficialidad del catalán en Europa.
La situación se complica aún más con la reciente cumbre que Junts mantuvo en Waterloo, donde se discutió la continuidad del apoyo al Ejecutivo en el Congreso. La presión sobre el Gobierno ha aumentado, y la abstención de Mikimoto en el Consejo de RTVE puede interpretarse como un mensaje claro de que Junts está dispuesto a tomar medidas más drásticas si no se cumplen sus demandas. La advertencia de Mikimoto sobre la posibilidad de un boicot parlamentario ha resonado en el ámbito político, generando inquietud sobre la estabilidad del Gobierno.
Por otro lado, la reacción del PSOE ante la decisión de RTVE ha sido rápida. El partido ha activado en el Congreso la propuesta para traspasar las competencias de inmigración a Cataluña, lo que se votará en breve. Esta acción parece ser un intento de calmar las tensiones y demostrar que el Gobierno está dispuesto a cumplir con los acuerdos, aunque la oposición del PP a la decisión de RTVE ha añadido otra capa de complejidad al asunto. Los consejeros del PP han criticado la injerencia del Gobierno en RTVE, argumentando que la corporación debería centrarse en su papel informativo y no en la política exterior.
La controversia en torno a Eurovisión y la postura de RTVE también ha puesto de relieve la percepción de que la corporación se ha convertido en un «brazo de la política exterior» del Gobierno. Los críticos argumentan que RTVE no debería tomar decisiones unilaterales sobre la participación de España en competiciones internacionales, ya que esto debería ser competencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Además, señalan que RTVE no ha mostrado objeciones en el pasado para retransmitir eventos deportivos en los que participa Israel, lo que plantea interrogantes sobre la coherencia de su postura actual.
En este clima de tensión política, la situación de RTVE y su relación con el Gobierno se ha vuelto un tema candente. La abstención de Mikimoto no solo refleja las divisiones internas en Junts, sino que también pone de manifiesto las complejidades de la política española en un momento en que las relaciones entre los partidos están más tensas que nunca. A medida que se acercan las votaciones en el Congreso y se discuten temas cruciales como la inmigración y la oficialidad del catalán, el futuro de la gobernabilidad en España podría depender de cómo se manejen estas tensiones y de la capacidad de los partidos para llegar a acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos.
